Inhabilitaciones y competencias en la Procuraduría de Colombia

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Hace algunos días, la Procuraduría General de la Nación de Colombia sacó a la luz los nombres de los candidatos que se hallan inhabilitados para ejercer cargos estatales en las elecciones del próximo diciembre. En el país y de acuerdo al registro en las Procuradurías de Colombia, son 694 y en el Cauca, diecinueve (el dos con siete por ciento de los incapacitados), que van contra lo indicado en la ley 617 del dos mil, en el artículo 37, artículo 40, asimismo por infringir lo mentado en la Ley 599 del año dos mil y por no cumplir la Ley ciento treinta y seis del año 1994, específicamente, en el artículo ciento veinticuatro.

Los partidos que en el Cauca anotaron más candidatos con incapacitaciones son, en su orden, el Conservador y Cambio Radical. La mayor parte de los preguntados forman parte de listas a concejos. Como un aspecto positivo se puede resaltar que en esta lista no figuran candidatos a las alcaldías ni a la Gobernación.

En temporadas anteriores a elecciones, la Procuraduría convenientemente anuncia los nombres de aspirantes incapacitados; de igual forma hacen los medios que informan y publican las hojas de vida de aquellos candidatos que registran antecedentes disciplinarios y que no deberían hacer parte de las listas a cargos de elección popular, mas, por último resultan elegidos, con el consecuente desgaste que implican las demandas siguientes que acaban en destituciones. En esta ocasión el Fiscal General encargado avisó, además, que esta entidad de control investigará si hay delitos del tipo de elección ilícita.

Es conveniente recordar que en dos mil diecisiete entró en vigencia la Ley mil ochocientos sesenta y cuatro que pretende fortalecer los mecanismos de participación democrática. Esta ley adicionó al Código Penal el delito de “elección ilícita de candidatos”, conforme el que, “quien sea escogido para un cargo de elección popular estando incapacitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en cárcel de 4 (4) a nueve (nueve) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (ochocientos) sueldos mínimos legales mensuales vigentes”. Seguramente con buena pretensión, los legisladores creyeron que esto lograría un efecto disuasivo entre quienes tengan una sanción en su contra.

Semeja que las advertencias de la Procuraduría (incluyendo las procuradurías en la ciudad de Bogotá) y la incorporación de esta conducta como un delito con pena de cárcel no amedrentó a los candidatos y mucho menos a los partidos. En este punto es asimismo esencial exigir que los partidos políticos (si bien legalmente no estén obligados) no dejen que ingresen personas cuestionadas a sus listas, puesto que ellos son los que avalan estas candidaturas.

Falta ver si la publicación de los nombres de los inhabilitados y la advertencia del Fiscal General al cargo tienen algún efecto y salen de las listas los inscritos señalados. Hay tiempo hasta el 27 de noviembre.

 

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